MTC declara la nulidad del contrato del puente Tarata en San Martín. La unidad ejecutora Provias Descentralizado dispuso esa medida tras detectar dos supuestos de nulidad que afectan el contrato. Cabe resaltar que, Provías Descentralizado solicitó a su Oficina de Control Institucional (OCI) iniciar el servicio de control específico, el mismo que a la fecha se viene llevando a cabo

Lima, Perú, 28 de enero del 2022.— El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado), Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, declaró de oficio la nulidad del Contrato N° 089-2021-MTC/21 para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, el cual fue suscrito con el Consorcio Puente Tarata III, conformado por las empresas Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú – TERMIREX S.A.C. y H.B. Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal en Perú.

La entidad en el ejercicio de su potestad de fiscalización posterior, advirtió la configuración de dos causales para la declaratoria de nulidad: haberse perfeccionado el contrato en contravención del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y haberse trasgredido el principio de presunción de veracidad. Hechos que generaron la emisión de la Resolución Directoral N° 008-2022-MTC/21.

Asimismo, en las próximas horas Provías Descentralizado remitirá al Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) un informe detallado de los hechos suscitados, a fin de que dicho organismo técnico especializado determine las infracciones y sanciones administrativas que correspondan.

Cabe resaltar que, Provías Descentralizado solicitó a su Oficina de Control Institucional (OCI) iniciar el servicio de control específico, el mismo que a la fecha se viene llevando a cabo.

El MTC y Provías Descentralizado reiteran su compromiso de trabajar con transparencia y respeto por el cumplimiento de las normas en todos los procesos de licitación a fin de salvaguardar la institucionalidad y los intereses del Estado.

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