Gramercy Responde a Falsas Acusaciones del actual Gobierno Peruano

Gramercy Responde a Falsas Acusaciones del actual Gobierno Peruano

Gramercy Responde a Falsas Acusaciones del Gobierno Peruano Acerca de los Bonos de la Reforma Agraria

GREENWICH, Connecticut, o4 de Junio del 2016.— Gramercy Funds Management (“Gramercy“), un gestor de activos dedicado a mercados emergentes con activos bajo manejo por un total de 6,300 millones de dólares, dio a conocer un comunicado en el que responde a la información falsa presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en una nota de prensa emitida el 2 de Junio 2016. El comunicado se refiere a la inversión de Gramercy en bonos de la Reforma Agraria y al reclamo hecho por Gramercy para que la Republica del Perú pague 1,600 millones de dólares por violaciones al Tratado de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos.

Comunicado de Gramercy:

Gramercy está dispuesto a participar en cualquier discusión relativa a la actual situación de los Bonos de la Reforma Agraria. Sin embargo, Gramercy debe aclarar una serie de declaraciones incorrectas y medias verdades incluidas en el comunicado de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF“).

Primero, el reproche por parte del MEF de que Gramercy se niega a seguir el “procedimiento administrativo debidamente establecido” para la autenticación, registro, valoración y pago de los Bonos de la Reforma Agraria, ignora el hecho de que el proceso actual es una farsa. Gramercy se ha negado, con razón, a participar en ese proceso —al igual que miles de otros tenedores de bonos— porque entre otras cosas —ese proceso no ofrece ningún valor. Esto es algo que el gobierno jamás ha negado seriamente. Por ejemplo, Gramercy es titular del Bono Nº 008615, una fotografía del cual se incluye a continuación:

Foto – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160603/375507-INFO

Tal como se ilustra claramente, en el momento de su emisión en 1972, el Bono N.º 008615 tenía un valor nominal original de 10,000 soles de oro y restaban aproximadamente la mitad de sus cupones. De acuerdo con la metodología del Índice de Precios al Consumidor (“IPC“), su valor es de US$ 16,161 (Dieciseis mil ciento sesenta y un dolares).  Pero, de acuerdo con la fórmula de valoración del MEF emitida por el Embajador Luis Castilla e implementada por el Ministro Segura, dicho bono tiene un valor inferior a un centavo de dólar. Obviamente, los mismos devastadores efectos se aplican al valor de todos los Bonos de la Reforma Agraria, y no simplemente a los de Gramercy. Estos números son absurdos, pero el gobierno continúa utilizando y promocionando públicamente un proceso que produce esos resultados. Desafortunadamente, para los pocos tenedores de bonos que se han sometido a este engañoso proceso, la fórmula del MEF es tan complicada que tiene un efecto depredador para los inversores poco sofisticados. Gramercy ha tratado por todos los medios disponibles de lograr una respuesta del gobierno al respecto, y su silencio dice mucho.  Desafiamos al MEF a declarar públicamente el monto que ofrece para compensar a Gramercy por el Bono Nº 008615 de acuerdo con la fórmula actual, establecida en los Decretos Supremos del 2014.

Segundo, el gobierno continúa diciendo que los Decretos Supremos del 2014 se emitieron de conformidad con la Resolución del Tribunal Constitucional de julio de 2013. Esto no es así. El MEF fue mucho más allá de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. A primera vista, la Resolución del Tribunal Constitucional de julio de 2013 ordenó al MEF que pagara los Bonos de la Reforma Agraria al valor entonces vigente a través de una metodología de dolarización y pagando la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los EE.UU. El MEF no hizo eso, porque —a través de una fórmula errónea y tasas de interés inadecuadas— no ofrece ningún valor en absoluto. Sin embargo, en cualquier caso, la Resolucion del Tribunal Constitucional de julio de 2013 esta manchada con acusaciones de falsificación.  Existen dos investigaciones penales en curso contra los miembros del Tribunal Constitucional por cambiar —mediante el uso de liquid paper— lo que primero fue una opinión mayoritaria que respaldaba el IPC, por un supuesto voto singular de uno de los magistrados, sin su consentimiento. Tres de los seis magistrados que formaban el pleno del Tribunal Constitucional en ese momento – los magistrados Eto, Mesía y Calle Hayen— han expresado públicamente que se cometió un delito adulterando un disentimiento. Esto no es “propaganda”, como el MEF desea llamarlo; son hechos incuestionables como lo prueba claramente la siguiente fotografía de la Resolucion del Tribunal Constitucional de julio de 2013 que muestra firmas alteradas mediante el uso del liquido corrector.

Foto – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160603/375508-INFO

Desafiamos al MEF para que confirme o niegue públicamente si la Resolucion del Tribunal Constitucional de Julio de 2013 ha sido adulterada.

Tercero, es demostrablemente falso el argumento de que el actual gobierno del Perú [que culmina su administración el 28 de julio del presente año. N. del E.] —a través de la Comisión Especial que representa al Estado Peruano en Disputas por Inversiones (la “Comisión“)— participó de buena fe en discusiones y comunicaciones con Gramercy, pero que Gramercyrecurrió a amenazas y a extorsión“, exigiendo que Perú firmara un “acuerdo sesgado para que este renuncie a sus derechos conforme al Tratado“.

Luego de presentar su Notificación de Intención de Iniciar Arbitraje en febrero de 2016, Gramercy intentó activamente lograr negociaciones cordiales y productivas con la Comisión, y de hecho propuso no iniciar el arbitraje con el fin de facilitar el inicio de discusiones que, según nuestro mejor entender, constituia uno de los objetivos de la Comisión. Lo único que Gramercy pidió a cambio fue no ser perjudicada y fue así que solicitó que el Perú firmara un “acuerdo de suspensión de plazos” o tolling agreement para suspender el lapso de prescripción de 3 años establecido en el Tratado de Promoción Comercial (“APC“).  Sin embargo, la Comisión no estuvo dispuesta a firmar un “acuerdo de suspensión de plazos” estándar o, hasta fines de la semana pasada, por lo menos a proporcionar comentarios por escrito a un borrador preliminar que había sido entregado por Gramercy el 28 de marzo. Lo que el MEF denomina un acuerdo “más equilibrado” fue en realidad una propuesta nueva y totalmente inaceptable, entregada a último minuto, por la Comisión el viernes pasado por la tarde. Esta propuesta de último momento entregada por el MEF no ofrecía suspender el total de reclamaciones de Gramercy bajo el TPA y buscaba imponer a Gramercy obligaciones contractuales irrazonables fuera del alcance de un típico acuerdo de suspensión. Además de no discutir adecuadamente con Gramercy el acuerdo de suspensión que permitiera a las partes lograr tiempo adicional para discutir sobre una resolución, la Comisión no se ofreció ni una sola vez en los cuatro meses anteriores a discutir el fondo de lo reclamado por Gramercy. Instamos a la Comisión a proporcionar al público copias de toda la correspondencia escrita mantenida con Gramercy.

Cuarto, Gramercy nunca ha llevado a cabo una “campaña negativa” para “perjudicar a Perú y a los peruanos“. Muy por el contrario, Gramercy siente la mayor estima por el Perú y por todos los Peruanos. Lejos de desarrollar una campaña negativa contra Perú, Gramercy ha llevado a la atención del público y del gobierno actual información fáctica precisa sobre los Bonos de la Reforma Agraria y el trato que Perú ha dispensado a los mismos, sumándose legítimamente —como tenedor de bonos— a una discusión que ha sido del dominio público durante décadas.  Gramercy invita al gobierno del Perú a que identifique cualquier declaración de Gramercy que haya sido tácticamente equivocada, y le da la bienvenida a una discusión pública al respecto.

Quinto, el hecho de que Perú continúe basándose en las declaraciones de las principales agencias calificadoras de riesgo créditicio no tiene sentido a la luz de la reciente cobertura de los medios de comunicación. En el comunicado de prensa de ayer, Perú cita su clasificación de grado de inversión y un informe emitido por Moody’s en diciembre pasado con respecto a los Bonos de la Reforma Agraria. Sin embargo, según lo informado ayer por el Financial Times, ninguna de las principales agencias de clasificación está dispuesta a clasificar los Bonos de la Reforma Agraria.  Varias dicen que necesitan información adicional a fin de proceder a realizar tal clasificación.

Instamos a Perú a que ofrezca a las principales agencias de crédito la información que resulte necesaria para que puedan clasificar los Bonos de la Reforma Agraria correctamente.

Por último, Gramercy ha presentado sus reclamaciones en su Notificación de Arbitraje y Escrito de Demanda, que ahora son de público conocimiento. El argumento del MEF de que los Bonos de la Reforma Agraria son de algún modo diferentes de los bonos soberanos contemporáneos porque se emitieron hace mucho tiempo y en moneda local es escandaloso. El TPA es claro al respecto, y Perú no puede simplemente escoger selectivamente qué obligaciones cumplir o cómo cumplirlas. Gramercy confía en que su situación será reivindicada por un tribunal internacional imparcial, desestimando incluso cualquier posible argumento en el sentido de que las inversiones de Gramercy no están cubiertas por el APC.

A pesar de lo anterior, Gramercy sigue creyendo que una solución concertada y amigable a este problema beneficiará a todas las partes.  Si en algún momento el gobierno actual o el próximo desea cambiar este enfoque y trabajar constructivamente con Gramercy para encontrar una solución, Gramercy desde luego aceptará dicha iniciativa con agrado.

CONTACTO: Para mayor información, contactar: Steve Bruce / Ed Rowley / John Stavinga, ASC Advisors, +1 203-992-1230, sbruce@ascadvisors.com / erowley@ascadvisors.com / jstavinga@ascadvisors.com

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