La negociación permanente entre el Estado y el magisterio puede convertirse en un factor clave para mejorar la calidad educativa y fortalecer las instituciones públicas. En esta oportunidad compartimos con ustedes una Columna de Opinión del experto laboral Carlos Carrión Crespo, Juris Doctor, especialista en mediación laboral y exoficial en servicios públicos en la OIT. El diálogo entre el Estado y los docentes no debe entenderse únicamente como una herramienta para resolver conflictos, sino como un mecanismo permanente de gobernanza. Fortalecer el derecho laboral del profesorado, alineado con los estándares de la OIT y la UNESCO, puede traducirse en instituciones educativas más sólidas y mejores resultados para la sociedad. El reciente acercamiento entre el gobierno entrante y el SUTEP abre una oportunidad para reflexionar sobre el papel del diálogo social dentro de la gestión pública. Más allá de las coyunturas políticas, el desafío consiste en consolidar mecanismos institucionales que permitan prevenir conflictos y construir acuerdos sostenibles. Desde la perspectiva del derecho laboral internacional, la calidad educativa también depende de las condiciones en las que ejercen los docentes. La negociación colectiva, la participación y la estabilidad institucional forman parte de un mismo objetivo: garantizar un mejor servicio para los estudiantes y la ciudadanía.

Claves de la columna

• El diálogo social fortalece la gobernanza educativa.
• La OIT y la UNESCO mantienen vigentes estándares internacionales para el profesorado.
• La mediación laboral busca prevenir conflictos antes que resolverlos.
• La negociación colectiva fortalece la institucionalidad pública.
• Los estudiantes son los principales beneficiarios de acuerdos sostenibles.

Lima, Perú, 26 de julio de 2026.— Cuando se habla de mejorar la educación, el debate suele centrarse en infraestructura, presupuesto o reformas curriculares. Sin embargo, existe un elemento menos visible, aunque igualmente decisivo: la calidad del diálogo entre el Estado y quienes tienen la responsabilidad diaria de enseñar. Esa relación puede marcar la diferencia entre un sistema educativo estable y otro permanentemente expuesto al conflicto. A continuación los invitamos a leer la columna del Dr. Carlos Carrión Crespo:

El Derecho Laboral Docente y el Diálogo como Política de Estado

•  Cómo el diálogo permanente entre el gobierno y los profesores puede mejorar la educación.

Las recientes declaraciones de Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), sobre una predisposición de la presidenta electa Keiko Fujimori para priorizar la educación y mantener un canal de diálogo con el magisterio, abriría una oportunidad para analizar la importancia de fortalecer el derecho laboral de los docentes. Especialmente, como una condición necesaria para mejorar el servicio que recibe la ciudadanía. No se trata únicamente de una discusión sobre presupuestos, sino de una cuestión vinculada con la gobernanza del empleo público y la calidad de las instituciones.

Resulta evidente que las políticas educativas obtienen una mayor estabilidad cuando el Estado y los docentes se comunican a través de los mecanismos de diálogo social, el cual debe ser permanente. La experiencia previa ya nos ha demostrado que los conflictos laborales en este sector no han surgido exclusivamente por reivindicaciones salariales, sino también por la ausencia de espacios institucionalizados de consulta, negociación y solución preventiva.

En ese contexto, la Recomendación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO relativa a la condición del personal docente, aprobada en 1966, continúa siendo el principal referente internacional para orientar las políticas públicas dirigidas al profesorado. En esta se estableció que la calidad de la educación depende de que los docentes ejerzan su profesión bajo condiciones laborales dignas, remuneraciones adecuadas, oportunidades permanentes de desarrollo profesional y que tengan participación en las decisiones que afectan el ejercicio de su función.

Estos principios se han mantenido en vigencia y actualmente están siendo revisados para adaptarlos a esta época. El principal objetivo del Grupo Independiente de Expertos (IEG-66) encargado será adecuarla para responder a los desafíos derivados de la transformación digital de la educación, el uso de la inteligencia artificial, la necesidad de fortalecer la salud mental y el bienestar del profesorado, entre otros temas de debate actual.

El Perú, como Estado miembro, podrá adoptar los cambios que realice la actualización de la Recomendación. Actualmente, la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público (Ley N° 31188) regula el ejercicio de estos derechos dentro del sector estatal; por lo tanto, el diálogo entre las organizaciones sindicales y las entidades públicas no constituye una concesión política; por el contrario, es una manifestación del Estado constitucional de derecho que busca construir consensos sobre las condiciones de empleo y de la prestación eficiente de los servicios públicos.

En la mediación laboral, uno de los errores más comunes consiste en entender la negociación únicamente como un mecanismo para resolver conflictos cuando estos ya se encuentran instalados; sin embargo, la mediación moderna persigue un objetivo distinto, el prevenir el conflicto mediante procedimientos permanentes de comunicación entre las partes. De esta manera se puede identificar intereses comunes, reducir confrontaciones y generar acuerdos sostenibles en el tiempo.

Este enfoque adquiere especial relevancia en el sector educativo. El docente no solo mantiene una relación laboral con el Estado, sino que desarrolla una función esencial para garantizar la educación, el cual es un derecho fundamental de la población. Es decir, la protección de sus derechos laborales va más allá del ámbito individual para convertirse en un componente de interés público.

La disposición al diálogo entre el SUTEP y el gobierno entrante debería interpretarse precisamente bajo esa perspectiva. Más allá del contexto político, lo importante será la capacidad de convertir esa voluntad inicial en mecanismos institucionales que sean permanentes. Para que ambos puedan confiar el uno con el otro, se requieren reglas claras, un cronograma de negociación, el cumplimiento de compromisos y procedimientos eficaces para la solución de controversias, las cuales no deben culminar en paralizaciones o conflictos judiciales.

Los sistemas educativos más sólidos no son necesariamente aquellos con mayor nivel de inversión, sino los que cuentan con la cooperación entre el Estado y el profesorado, como ocurre en los países nórdicos, Canadá o Nueva Zelanda. La propia OIT ha señalado que los enfoques colaborativos para la solución de problemas generan mejores resultados que los modelos basados exclusivamente en posiciones confrontacionales. Estas permiten que ambas partes puedan participar en la construcción de políticas laborales que sean compatibles con los objetivos institucionales del servicio público.

Sin embargo, este proceso también supone una responsabilidad compartida. El Estado deberá garantizar condiciones laborales compatibles con los estándares internacionales, mientras que los sindicatos de docentes deben contribuir al fortalecimiento institucional del sistema educativo mediante una participación responsable. Así, la negociación colectiva dejaría de ser un espacio de confrontación, para convertirse en una herramienta de gestión pública.

El avance tecnológico y el contexto de cada país significa reformas educativas y nuevas exigencias para el profesorado, por lo que resulta indispensable fortalecer la institucionalidad laboral del sector. La actualización de los estándares internacionales impulsada por la UNESCO y la OIT confirma que la protección de los derechos de los docentes constituye una prioridad global. Además, insta a los países Miembros a adaptar sus políticas públicas para responder a estos nuevos escenarios, pero sin afectar los derechos fundamentales de quienes ejercen la enseñanza.

La verdadera transformación del sistema educativo no dependerá únicamente de mayores recursos económicos ni de reformas curriculares, sino que dependerá de la capacidad del Estado para reconocer que el respeto de los derechos laborales del profesorado es un elemento indispensable para garantizar una educación de calidad. Asimismo, los docentes deben utilizar el diálogo y prevenir los conflictos. Si la negociación se institucionaliza y los compromisos se cumplen, los principales beneficiarios serán los estudiantes y la sociedad.

Acerca del Dr. Carlos Carrión Crespo

Carlos Carrión Crespo es Juris Doctor por la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Ph.D. en Historia por la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con 35 años de experiencia, más de 25 de ellos en el campo del derecho laboral, bajo los sistemas jurídicos civil y anglosajón, en América, Asia, Europa y África, principalmente a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los principales países donde ha gestionado acciones de conciliación laboral para entidades de gobierno son Perú, EE. UU., Puerto Rico, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil y México.

Es experto en resolución de conflictos laborales en el sector público y en adjudicación de controversias en foros administrativos. Facilita el establecimiento de mecanismos de diálogo respetuoso, para que las partes expresen sus intereses y lleguen a acuerdos realistas, basados en ganancias mutuas.

Posee una extensa bibliografía en la que se incluyen libros, informes, artículos especializados y documentos para discusión en foros y consejos internacionales. Entre sus principales temas se encuentran condiciones laborales, protección a los trabajadores informantes y denunciantes, importancia del diálogo social, fortalecimiento de las asociaciones laborales y sindicatos, fomento de enfoques constructivos en las relaciones laborales de la administración pública, negociación colectiva en la administración pública, actividad sindical como fuente del derecho al trabajo, indiferencia ante el trabajo infantil, desarrollo económico comunitario y empresas sociales, y derecho al agua y saneamiento en el trabajo.

Radica en Lima desde 2026 e iniciará su consultoría independiente, manteniendo estrecha relación con la OIT. Habla fluidamente español, inglés y francés; y en sus tiempos libres gusta de leer y escribir. Si lo desean pueden seguir su página en la Red Social LinkedIn.

Relación con el clúster

Relación con la transformación digital del Estado

La transformación digital del sistema educativo requiere mucho más que infraestructura tecnológica. Su éxito dependerá también de contar con docentes capacitados, instituciones sólidas y mecanismos de diálogo capaces de acompañar los cambios que traerán la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos de enseñanza.

¿Por qué es importante?

La calidad institucional también forma parte de la transformación educativa. Para responsables de políticas públicas, especialistas en gestión, académicos y líderes del sector educativo, fortalecer el diálogo social representa una estrategia para reducir conflictos, mejorar la gobernanza y generar condiciones que permitan implementar reformas sostenibles en beneficio de toda la sociedad.

Visión estratégica

La educación atraviesa una transformación profunda impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas demandas sociales. En ese contexto, el fortalecimiento del derecho laboral docente deja de ser un tema exclusivamente sindical para convertirse en un componente estratégico de la política pública.

Para el Perú, donde persisten profundas brechas educativas y desafíos de institucionalidad, consolidar mecanismos permanentes de diálogo puede aportar mayor estabilidad a las reformas que el sistema necesita. En América Latina, diversos organismos internacionales coinciden en que la modernización educativa debe ir acompañada de condiciones laborales y educativas adecuadas, formación continua y espacios efectivos de participación.

La verdadera innovación educativa no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de construir instituciones capaces de generar confianza entre el Estado, los docentes y la ciudadanía. Ese será uno de los factores determinantes para enfrentar los cambios que marcarán la próxima década.

Knowledge Layer (Glosario)

• Diálogo social: mecanismo permanente de comunicación entre trabajadores, empleadores y Estado para construir consensos.
• Derecho laboral docente: conjunto de derechos y garantías que regulan la relación laboral del profesorado.
• Negociación colectiva: proceso mediante el cual las organizaciones sindicales y las entidades públicas acuerdan condiciones laborales.
• Mediación laboral: procedimiento orientado a prevenir o resolver conflictos mediante acuerdos entre las partes.
• OIT: organismo especializado de las Naciones Unidas que establece estándares internacionales del trabajo.
• UNESCO: organismo de la ONU responsable de promover la educación, la ciencia y la cultura.
• Gobernanza pública: capacidad de las instituciones para gestionar políticas mediante cooperación, transparencia y participación.
• Transformación digital educativa: incorporación estratégica de tecnologías digitales e inteligencia artificial en los sistemas de enseñanza.

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En tu opinión, ¿puede el diálogo permanente convertirse en una política de Estado capaz de reducir los conflictos en el sector educativo?, ¿Debería la negociación colectiva orientarse más hacia la construcción de consensos que a la resolución de crisis?, ¿Cómo debería prepararse el sistema educativo peruano para integrar la inteligencia artificial sin descuidar los derechos y el bienestar del profesorado? comneta con los hashtags #itusers28aniversario y #superfan

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