Jesús Sánchez, CMO de Open International, nos realiza la siguiente entrega: Sin utilities digitales no hay ciudades inteligentes

Lima, Perú, 9 de marzo del 2021.— Si nos presentaran un listado con ciudades como Singapur, Helsinki y Zurich seguramente afirmaríamos que se trata de un grupo de las metrópolis con mayor desarrollo económico del mundo; lo que probablemente no sabríamos es que son las urbes que lideran el Smart City Index 2020, el ranking de las ciudades más inteligentes del mundo, cuyos resultados provienen del análisis de una serie de variables que evalúan el rol de la tecnología en los grandes centros urbanos del planeta.

En ese contexto, pese a que Latinoamérica es la región con mayor concentración poblacional urbana (80% de sus habitantes viven en ciudades), también es una de las más rezagadas en lo que a ciudades inteligentes se refiere. Según la escuela de negocios IESE, la ciudad latinoamericana que más ha avanzado en este campo es Santiago de Chile, que ocupa el lugar 66 en el mundo, seguida de Buenos Aires, Montevideo, San José, Panamá, Bogotá, Rosario, Ciudad de México y Medellín.

¿A qué puede atribuirse este fenómeno? Sin duda, uno de los principales obstáculos para la transición hacia las ciudades inteligentes es el atraso tecnológico en los servicios públicos, uno de los sectores que, según la firma especializada en utilities Black & Veatch, hacen una mayor contribución a la creación de smart cities.

Aunque es cierto que ha habido avances importantes en materia de infraestructura que han permitido ampliar la cobertura en la región, muchos de los proveedores de servicios públicos se han quedado estancados en el pasado, con tecnologías obsoletas que nos les permiten mejorar su servicio al cliente ni evolucionar para adaptarse a las nuevas dinámicas de una ciudad inteligente. Esto tiene repercusiones negativas en la eficiencia de los servicios que prestan, y además genera un efecto adverso para la sostenibilidad de los centros urbanos y la calidad de vida de sus habitantes.

De ahí la necesidad imperiosa de digitalizar la operación de los proveedores de servicios de energía eléctrica y agua potable, lo que implica la  renovación de los procesos del ciclo comercial para soportar nuevos modelos de negocio, la transformación en organizaciones centradas en el cliente y la incorporación de tecnologías como los dispositivos de medición inteligente que  resultan ser elementos clave para hacer un uso eficiente de los recursos de red (al conocer en detalle el comportamiento de los usuarios), crear nuevos esquemas de tarifas que beneficien al consumidor final (lo que se deriva de un mayor control y consciencia sobre los consumos) y fomentar el uso racional del servicio y la eficiencia energética (el cliente tiene control e información detallada de sus consumos).

Las utilities también deben aprovechar los avances en cloud computing, analíticas, inteligencia artificial, movilidad, Internet de las Cosas, low-code apps, entre otras tecnologías que están revolucionando el mundo se los servicios públicos para aumentar su eficiencia, reducir costos operativos, mejorar la seguridad de sus trabajadores, y ampliar su portafolio de servicios de manera que cubran las nuevas necesidades de sus clientes, particularmente en un contexto marcado por las condiciones derivadas de la pandemia del COVID-19.

Así pues, si entendemos las ciudades inteligentes como aquellas que usan las nuevas tecnologías de la información para mejorar los servicios que ofrecen y además contribuyen al bienestar de quienes las habitan, podemos afirmar con seguridad que no es posible lograr una urbe de estas características sin utilities digitales. Las ciudades que lideran el Smart City Index han logrado combinar tecnología y liderazgo para afrontar los retos de la crisis sanitaria; el contexto actual plantea una oportunidad única para las empresas de servicios públicos de Latinoamérica de convertirse en ejes de la transición hacia ciudades inteligentes implementando tecnología orientada a responder a los retos presentes y contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la región.