El Dr. Carlos Sandoval Aliaga. CPC, Socio UHY Perú, nos realiza la siguiente entrega: La ´prueba ácida’ a los estados financieros. La auditoría es un elemento necesario dentro de la cadena de valor que representa la alta calidad operativa y gerencial.

Lima, Perú, 11 de junio del 2020.— La economía de mercado global considera que las empresas deben realizar una auditoría financiera contable una vez al año, como signo de transparencia en la gestión administrativa y garantía de que la totalidad de los ‘hechos económicos’ están revelados adecuadamente en los estados financieros, previendo cualquier circunstancia de fraude o error.

Pero en nuestro país no existe esa obligatoriedad, lo que evidencia una seria debilidad del sistema de control interno que se usa tanto en la administración pública como privada. Lo que nos ha puesto entre uno de los países más informales y corruptos del mundo.

Además, diversos expertos locales han hecho notar que las empresas en actos emblemáticos de corrupción en el Perú (caso Odebrecht y Graña y Montero) eran auditadas por las mejores firmas de auditoría a nivel internacional (conocidas como ‘las big four’), que podrían significar una garantía de calidad y transparencia.

Si bien los informes de los auditores detallaron los hechos contables ocurridos en la gestión y eran aprobados por la junta de accionistas, la administración no realizaba las acciones necesarias para superar las debilidades reveladas por la auditoría.

En tal sentido, la auditoría financiera implica una opinión sobre la situación de la empresa, basándose en un proceso de revisión minucioso del control interno que aplica la entidad para salvaguardar sus activos, y la forma en que se usaron los recursos monetarios en una  muestra significativa determinada estadísticamente.

A partir de este momento, en el Perú, la forma en que el dictamen de auditoría sea usado es responsabilidad de la administración de la organización, ya que el auditor no puede hacer ninguna modificación a su dictamen, ya que es un documento público.

Entonces, se dan dos  caminos: uno, aceptar las objeciones de los auditores y tomar acciones que rectifiquen la gestión para mejorar el control administrativo y la información financiera. Y dos, asumir que la auditoría da su conformidad con el trabajo de administración y continúa la estructura contable, lo cual —si se tratase de información inexacta— generaría un fraude financiero.

Actualmente, en otros países de la región se cuenta con la auditoría externa independiente de forma obligatoria. Por ejemplo, en Ecuador se establece que las disposiciones del dictamen de auditoría sean de cumplimiento obligatorio para las entidades. Esto involucra a empresas nacionales y también sucursales de compañías extranjeras, de economía mixta y empresas de todo tipo de sociedad que se conformen en dicho territorio, siempre y cuando sus activos excedan los US$ 100,000 dólares.

Vemos entonces que la auditoría es un elemento necesario dentro de la cadena de valor que representa y garantiza la alta calidad operativa y gerencial de las entidades económicas, sean públicas o privadas. Es la encargada de aplicar la ‘prueba ácida’ a los estados financieros que reflejan el funcionamiento administrativo financiero de las entidades.

Nuestra sociedad necesita de esta certificación para paliar y prevenir los actos de corrupción a través del fraude en los estados financieros.