Reducción de brecha de conectividad en el Perú es clave para desarrollar una economía digital. Generar agenda de trabajo colaborativa entre el sector público y privado es importante para alcance de objetivos de desarrollo económico y social.

Lima, Perú, 04 de mayo del 2018.— Durante la III Cumbre Empresarial de las Américas, recientemente desarrollada en la ciudad de Lima, se discutió alrededor del desarrollo de una economía digital. Se habló de su importancia para el desarrollo económico en la región y cómo deberían formularse y enfocarse las políticas públicas para adaptarse a esta nueva economía.

En el transcurso de la cumbre, el Presidente Vizcarra fue enfático en señalar la necesidad de cerrar esta brecha de conectividad en los países de la región, a fin profundizar este proceso globalizador, integrarnos, adecuadamente y alcanzar el desarrollo de una economía digital. “Afrontamos una gran brecha de infraestructura física y digital. Entidades como CEPAL reconocen que sería necesario invertir alrededor del 6% de nuestro PBI regional si queremos cerrar dicha brecha”, señaló el primer mandatario.

En su discurso, el Presidente Vizcarra habló de la importancia de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, como un elemento esencial para el desarrollo económico y social de nuestros países. Invitó, además, a los gobiernos Latinoamericanos a trabajar con apoyo de la empresa privada y capitalizar el impacto positivo que tiene el crecimiento de la tecnología. Los ciudadanos se encuentran cada vez más inmersos en un ecosistema digital que forma parte de sus interacciones sociales, económicas y laborales.

Estas declaraciones fueron reforzadas con estimaciones proporcionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la Cumbre, en las que se indica que el éxito de la adopción de las finanzas digitales podría crear un crecimiento del 6% (US$ 3,7 billones) en el PBI de las economías emergentes para el 2025.

De acuerdo con otros estudios elaborados por el BID, un aumento de 10% en la penetración de servicios de banda ancha en la región lleva asociado un incremento promedio de 3,2% del producto interno bruto (PBI), así como un aumento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Mientras, otros informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea señalan que las TIC proporcionan más del 40% de aumentos anuales en la productividad de la Unión Europea (UE).

Aumentar la inclusión y el acceso a infraestructura digital, sin embargo, siguen siendo un desafío importante en América Latina. Se requieren diseñar marcos normativos adecuados que promuevan la innovación y desarrollo tecnológico. En este contexto, la regulación que apoya el desarrollo y despliegue de infraestructura, crecimiento digital e innovación resultante es vital para garantizar una rápida adaptación a la rápida y cambiante economía digital.

Es fundamental contar también con un marco legal sólido, claro y moderno, capaz de adaptarse a la rapidez con la que avanza la tecnología, de modo que permita el desarrollo del sector. Así, por ejemplo, uno de los grandes frenos para el adecuado despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el Perú es que no tiene una normativa homologada que abarque todos los niveles de gobierno.

Es común que los gobiernos municipales o distritales tiendan a establecer sus propios términos, requisitos y plazos para dicha implementación, pero muchas veces en contravía de normativas nacionales. Como resultado, el proceso se extiende, se hace más lento y, en muchos casos, no llega a concretarse. A esto hay que sumarle Proyectos de Ley, que apuntan a promover la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en el país, pero se encuentran paralizados en el Legislativo sin mayor avance. Las barreras para el despliegue de infraestructura condenan a la comunidad a un mal servicio que termina impactando a todos los usuarios de telecomunicaciones.

Es importante promover, por tanto, una regulación que impulse el despliegue de infraestructura sostenible y responsable, teniendo en cuenta a cada uno de los actores que forman parte del ecosistema digital, fortaleciendo al máximo la inversión privada, sin desatender a los colectivos y zonas más desfavorecidas. En ese sentido, es crítico que gobierno y empresa empiecen a trabajar en una agenda estratégica público-privada, que busque unir esfuerzos de la manera más eficiente posible para reducir las grandes brechas aún existentes en la región.